A propuesta del grupo provincial de CHA, el pleno de la Diputación de Zaragoza, por unanimidad, ha expresado su rechazo de forma expresa y categórica a cualquier proyecto de trasvase del Ebro. La propuesta la defendí, como diputado portavoz de CHA, en el pleno de este mes de marzo. Asimismo afirmé que “no es de recibo, y es de una incoherencia absoluta, defender el trasvase en Valencia o Murcia, negarlo aquí en Aragón y no pronunciarse en Madrid, que es dónde está la competencia para llevarlo a cabo o no”. Por eso, animé a los diputados y diputadas aragoneses del PP a convencer a sus compañeros y compañeras del Congreso y del Gobierno para que también se opongan allí al trasvase del Ebro.
El acuerdo -en su parte dispositiva- dice literalmente:
El Pleno de la Diputación de Zaragoza, en relación con las circunstancias jurídicas y políticas que rodean un posible trasvase del Ebro y las polémicas suscitadas al efecto, acuerda:
1.-Rechazar de forma expresa y categórica cualquier proyecto de trasvase del Ebro a las cuencas levantinas por razones sociales, medioambientales y económicas, además de por vulnerar el principio de unidad de cuenca, garantizado en las normativas europea y estatal y en nuestro propio Estatuto de Autonómica.
2.-Mostrar su oposición a cuantas manifestaciones de dirigentes públicos amparen o respalden un posible trasvase del Ebro, mediante -entre otros- argumentos erróneos como que “sobra agua del Ebro” o que “el agua del Ebro se puede aprovechar en otros territorios”.
3.-Trasladar el contenido de este acuerdo al Gobierno de Aragón y dirigirse al Gobierno de España para que en la elaboración del llamado “Pacto Nacional del Agua” y –en todo caso- en la revisión del Plan Hidrológico Nacional, quede totalmente descartada cualquier posibilidad de trasvase del Ebro.
El pasado mes de diciembre se aprobó la Ley estatal de Evaluación Ambiental (Ley 21/2013, de 9 de diciembre). Según el informe de los Servicios Jurídicos de las Cortes de Aragón su disposición adicional decimoquinta, su disposición transitoria segunda, el apartado tercero de la disposición derogatoria única y las disposiciones finales segunda, tercera, cuarta y quinta son inconstitucionales y atentan contra las competencias de Aragón reconocidas en su Estatuto. El pleno de la cámara a propuesta del Grupo CHA, de la Mesa y la Junta de Portavoces acordó unánimemente en la sesión del 27 de febrero pasado que la institución aragonesa recurra de inconstitucionalidad esa norma, por considerar los grupos parlamentarios que abre la puerta a los trasvases.
De forma paralela, el pasado 9 de enero la presidenta de Castilla-La Mancha y Secretaria General del Partido Popular, Dolores de Cospedal, consideró “un disparate y una barbaridad que el agua sobrante del Ebro no se use en otras cuencas”. A esas declaraciones le sucedieron otras del Secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, en las que expresamente no quiso aclarar si el Gobierno Español impulsará o no un trasvase del Ebro. A ellas cabe sumar las habituales y ya conocidas referencias del titular del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente –Miguel Arias Cañete- en relación a este asunto y el impulso al nuevo Plan Hidrológico Nacional. Y aún más importantes son los elocuentes silencios del propio Presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, a las preguntas claras y directas del diputado Yuste sobre si iba o no a impulsar el trasvase del Ebro, en el debate del “estado de la nación” celebrado la semana pasada. La callada por respuesta, también la ha practicado esta misma semana el portavoz parlamentario del G.P. Popular en el Congreso, Alfonso Alonso, eludiendo rechazar el trasvase en su visita a Zaragoza.
Por estas razones y por la poca contundencia y exigencia en los máximos responsables institucionales de Aragón, consideramos desde Chunta Aragonesista imprescindible que las instituciones aragonesas se pronuncien al respecto. De ahí nuestra propuesta.
El blog de Bizén Fuster 