La moción ha sido aprobada por los votos de la izquierda (CHA, PSOE y EN COMÚN) y C’s; el PP ha votado en contra y el PAR se ha abstenido.La Diputación Provincial de Zaragoza ya ha solicitado paralizar cualquier nuevo proceso destinado a la renovación del permiso de explotación de la central nuclear de Santa María de Garoña, así como aprobar el desmantelamiento de la misma, bajo la supervisión del Consejo de Seguridad Nuclear, que debe elaborar y poner en marcha un plan que concluya con el cierre definitivo de esta instalación. Como he dicho en el pleno, es el momento para impulsar un cambio de modelo energético que esté basado en las fuentes renovables y limpias y en el ahorro y la eficiencia energéticas. No tiene ningún sentido que el gobierno de Rajoy intente resucitar Garoña. Lo lamentable ha sido la floja argumentación esgrimida por el PP para no apoyar la moción.
Hay que recordar que el pleno de las Cortes de Aragón, del pasado mes de abril de 2016 aprobó su oposición a la reapertura de la Central Nuclear de Garoña y se instaba en la misma iniciativa al Gobierno de Aragón a que reclamase al actual Gobierno de España que paralizase «cualquier proceso destinado a la renovación del permiso de explotación de la central nuclear de Santa María de Garoña». También se exigía al Gobierno de España el cese definitivo de las actividades de Nuclenor en esta central y tomase finalmente “las decisiones pertinentes destinadas a lograr el proceso de desmantelamiento de la misma, bajo la supervisión del Consejo de Seguridad Nuclear, elaborando y poniendo en marcha un plan que concluya con el cierre definitivo de esta instalación”. Sin embargo durante las últimas semanas se ha conocido públicamente que informes del Consejo de Seguridad Nuclear apuntan precisamente en la dirección contraria a lo acordado en Aragón: por un lado se pretende reanudar la actividad de la central nuclear de Garoña y por otro también se abre la posibilidad de prorrogar el funcionamiento del resto de las centrales nucleares. La propuesta de resolución también solicitará adoptar las medidas correspondientes para evitar las posibles prórrogas en el funcionamiento del resto de las centrales nucleares en todo el Estado, por encima de los 40 años previstos en la normativa vigente, además de abrir un proceso urgente de consultas, de manera que una de las comunidades con las que mantenga reuniones sea la Comunidad de Aragón, como territorio afectado medioambientalmente.