La DPZ aprueba la moción de CHA para rechazar el TTIP

Esta es la iniciativa aprobada   Ahora la Diputación manifestará su oposición al proceso negociador y actual contenido del TTIP (Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones); denunciará el oscurantismo con el que este proyectBizén Fustero se está negociando entre la Unión Europea y los Estados Unidos y defenderá iniciativas dirigidas a mantener el carácter público de los servicios sociales.
Nuestra moción ha contado con el apoyo de los votos de la izquierda,  el rechazo del PP y del PAR y la abstención de C’s. Este tratado pretende equiparar las leyes de Estados Unidos y de la Unión Europea por lo que supondrá una pérdida de derechos europeos sin precedentes. Entendemos que cualquier acuerdo internacional de comercio que se firme no puede rebajar los actuales marcos legales de protección social, medioambiental y laboral, algo que hace este Tratado, al poner los beneficios económicos por encima de los derechos sociales y medioambientales de la ciudadanía europea.
CHA denuncia que con este tratado, las leyes del comercio priman sobre cualquier otra consideración socia
l, e ignoran la legislación estatal, autonómica o local, de tal forma que los ayuntamientos y las comunidades locales se encuentran totalmente sometidos por este tipo de ajustes estructurales restrictivos. Si las negociaciones sobre el TTIP siguen adelante, la lógica impuesta por este tratado llevaría al desmantelamiento de los servicios públicos, así como a la pérdida de libertad de los poderes locales para suministrar los servicios necesarios que permitan satisfacer las necesidades sociales de sus poblaciones y la promoción de políticas de fomento de la actividad industrial y del empleo local.
En la moción aprobada se exige transparencia y respeto a los Derechos de la ciudadanía, principalmente a los de carácter laboral, social, sanitario y medioambiental. “Queremos dar apoyo a todas las iniciativas dirigidas a mantener el carácter público de los llamados servicios sociales útiles, es decir, los servicios educativos, los servicios de salud, los servicios sociales, de pensiones, así como los suministros de agua y energías”, asegura Fuster.
Por último, la DPZ instará al Gobierno de España a que garantice una tramitación transparente durante el proceso de ratificación nacional del tratado, así como a solicitar, en el seno de las instituciones europeas, que se sustituya el sistema de arbitraje privado (ISDS) -que permite a los inversores extranjeros denunciar a un Estado Europeo si considera que su legislación vulnera sus intereses- por una Corte formada por jueces de carrera independientes, y a defender los servicios públicos y las convenciones de la OIT, así como la legislación laboral española, como garantía de igualdad entre todos los ciudadanos

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