Cuarte de Huerva, hospitalario

En el último pleno del Ayuntamiento de Cuarte presenté en nombre de CHA y resultó aprobada una propuesta de resolución en relación con la hospitalidad hacia los inmigrantes. Sólo el partido Popular se opuso al acuerdo.

El Gobierno de Aragón, al igual que la gran mayoría de comunidades autónomas, ha venido desarrollando durante los últimos años un importante esfuerzo para promover la plena integración social de los vecinos y vecinas de origen extranjeros que viven en nuestra comunidad con el objetivo de mejorar la convivencia social. Estos esfuerzos, además, han ido de la mano de una importante implicación ciudadana a través de entidades sociales, asociaciones de vecinos y, también, la solidaridad de ciudadanos y ciudadanas particulares.

Diferentes asociaciones con representación estatal han comenzado una campaña denominada “Salvemos la Hospitalidad” ante el conocimiento de la modificación del artículo 318.bis en el anteproyecto de reforma del Código Penal presentando por el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, en el que se regulan los delitos contra los derechos de los ciudadanos y ciudadanas extranjeros.

En Aragón han liderado esta campaña entidades con largo recorrido y experiencia en el trabajo de las situaciones que vive la ciudadanía extranjera como es el caso de Cáritas, especialmente en la Ribera del Huerva. Están promoviendo la campaña “Salvemos la Hospitalidad”, además y entre otros, Médicos del Mundo, Círculos de Silencio y SOS Racismo. Pero también se han adherido, hasta el momento, otras entidades y plataformas de reconocido prestigio como Movimiento Contra la Intolerancia, Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, Asociación para el codesarrollo Licliñán, Omsida, SASM-AEN Aragón, Asociación de Solidaridad Pública.

Últimamente se ha generado cierta alarma entre la población en situación irregular, así como en las personas y entidades sociales que mantienen cualquier vínculo con ellas, tras conocer que el Anteproyecto de reforma del Código Penal presentado por el Ministerio de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, propone una nueva redacción del artículo 138.bis en la que confunden, pudiendo inducir error o interpretaciones muy preocupantes, comportamientos delictivos como el tráfico de personas con actuaciones como el apoyo y la ayuda a personas inmigrantes en situación irregular fundamentada en razones humanitarias, solidarias y éticas.

Cuarte de Huerva-20130623-01639

La mayoría de los medios de comunicación se han hecho eco de la noticia con titulares como “Ayudar a inmigrantes irregulares podría ser penado con la cárcel”. Así, se recoge en este texto – en el artículo 318 bis – una pena de multa de tres a doce meses o prisión de seis meses a dos años a quien ayude a transitar a un extranjero. La normativa también prevé penas similares para las personas que, con ánimo de lucro, ayuden a los inmigrantes irregulares a “permanecer” en territorio comunitario. Sin embargo, la desafortunada redacción propuesta del artículo 318.bis ha producido una gran incertidumbre en la sociedad, llegando a provocar que la ciudanía piense que pueden ser penados quienes, por ejemplo, alquilen una habitación o dispensen un menú a las personas extranjeras en situación administrativa irregular. De hecho, parece que el propio redactor del artículo, consciente de las enormes diferencias entre los comportamientos que se pretenden regular, trata como mal menor de salvaguardar la solidaridad y la hospitalidad con las personas inmigrantes en situación irregular al señalar que “el Ministerio Fiscal podrá abstenerse de acusar por este delito cuando el objetivo perseguido sea únicamente prestar ayuda humanitaria”.

En este sentido, el Consejo General del Poder Judicial, en su informe preceptivo, pidió una mayor precisión en esta nueva regulación propuesta. Por otro lado, en el caso de aprobarse esta reforma en los términos planteados, se vendrían abajo los importantes esfuerzos realizados desde hace años por las administraciones autonómica en pro de la convivencia entre personas de distintos orígenes en el ámbito autonómico. También con esta nueva norma nos encontraríamos que algunas de las acciones y actividades llevadas a cabo por el Gobierno de Aragón desde los Servicios Sociales y otras áreas del ejecutivo autonómico podrían ser constitutivas de delito, como por ejemplo, el facilitar el tránsito de una persona en situación irregular desde una comunidad a otra española para acudir al encuentro de sus familiares.

Por último, habría que recordar que cualquier reforma del Código Penal debería seguir el principio jurídico de intervención mínima, lo que supone que solo las conductas realmente graves y que atenten contra bienes jurídicos fundamentales deben de ser objeto de protección penal, por lo que el texto debería ser despojado de cualquier y/o ambigüedad que penalice la solidaridad con las personas más desfavorecidas.

Pues bien, en este contexto, el acuerdo del Ayuntamiento de Cuarte, adoptado por amplia mayoría tras su debate, dice en su parte dispositiva:

 El Pleno del Ayuntamiento de Cuarte de Huerva acuerda:

1.- Instar al Gobierno de Aragón a:

a).- Manifestar su rechazo ante cualquier medida que suponga un obstáculo a la solidaridad con las personas inmigrantes y elevar este acuerdo al Gobierno Central.

b).- Dirigirse al Gobierno Central para solicitarle que adopte las medidas oportunas para que el delito contra los derechos de los ciudadanos y ciudadanas extranjeras, contemplado en el artículo 318.bis del Anteproyecto de reforma del Código Penal, castigue exclusivamente las conductas relacionadas con el tráfico ilícito de personas, excluyendo expresamente del mismo aquellas actuaciones motivadas por razones de ayuda humanitaria y solidaria.

2.- Continuar trabajando en la línea desarrollada por todas las instituciones aragonesas de promoción de la convivencia en la Comunidad Autónoma, con independencia de cual sea el origen, la nacionalidad o la situación administrativa de las personas que viven en Aragón.

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Un comentario en “Cuarte de Huerva, hospitalario

  1. RESPUESTA DEL GRUPO POPULAR A LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN QUE PRESENTA AL GRUPO MUNICIPAL DE CHUNTA ARAGONESISTA (CHA) SOBRE LA HOSPITALIDAD CON LAS PERSONAS EMIGRANTES
    Con permiso del Sr. Presidente Alcalde,
    Sr. Fuster: Lo primero decirle que ya veo que sus prioridades están lejos del municipio, del cual es usted concejal, pues sus tres últimas mociones, poco tienen que ver, con lo que le interesa de verdad a los vecinos del municipio, abriendo temas de índole nacional y desde luego en un intento, de cuanto menos, dejar en entredicho al partido que yo represento y de liderar una lucha, buscando el apoyo del PAR de aquí, contra Madrid, cosa que se hace, en el Congreso de los Diputados, en la carrera de San Jerónimo.
    En la exposición de motivos, veo que mezcla usted churras con merinas, y que desde luego, quien lea su propuesta de resolución, sino tiene información previa, lo que usted hace es “embolicarlo”, como dicen ustedes en fabla, intentando de dar la idea de que todos los “buenos”, van contra los del Gobierno Central, así que nosotros también!!
    Decirles a todos, que la reforma del Código Penal está en suspenso y no ha llegado aún al Congreso de los Diputados, por lo que su moción es preventiva, así es que, también puede hacer una moción instando al Gobierno de la Republica Popular de China, a que no invada Cuarte, sólo por si acaso, con todos mis respetos por esta republica.
    No obstante, lo primero que hare yo, es mostrarles a los presentes, qué pone en el artículo que usted nombra y no dice, que no es más que lo siguiente.
    En el actual Anteproyecto de reforma del Código Penal, presentado por el Ministerio de Justicia, reza el artículo 318 bis:
    1. “ El que intencionadamente ayude a una persona que no sea nacional de un Estado miembro de la Unión Europea a entrar en el territorio de otro Estado miembro o a transitar a través del mismo de un modo que vulnere la legislación de dicho Estado sobre entrada o tránsito de extranjeros, será castigado con una pena de multa de tres a doce meses o prisión de tres meses a un año.
    Los hechos no serán punibles cuando objetivo perseguido por el autor fuere únicamente prestar, de forma ocasional, ayuda humanitaria a la persona de que se trate.
    Si los hechos se hubieran cometido con ánimo de lucro se impondrá la pena en su mitad superior.
    2. El que intencionadamente ayude, con ánimo de lucro, a una persona que no sea nacional de un Estado miembro de la Unión Europea a permanecer en el territorio de un Estado miembro de la Unión Europea, vulnerando la legislación de dicho Estado sobre estancia de extranjeros será castigado con una pena de multa de tres a doce meses o prisión de tres meses a un año.
    3. Los hechos a que se refiere el apartado 1 de este artículo serán castigados con la pena de prisión de cuatro a ocho años cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:
    a. Cuando los hechos se hubieran cometido en el seno de una organización que se dedicare a la realización de tales actividades. Cuando se trate de los jefes, administradores o encargados de dichas organizaciones o asociaciones, se les aplicará la pena en su mitad superior, que podrá elevarse a la inmediatamente superior en grado.
    b. Cuando se hubiera puesto en peligro la vida de las personas objeto de la infracción, o se hubiera creado el peligro de causación de lesiones graves.
    4. En las mismas penas del párrafo anterior y además en la de inhabilitación absoluta de seis a 12 años, incurrirán los que realicen los hechos prevaliéndose de su condición de autoridad, agente de ésta o funcionario público.
    5. Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea responsable de los delitos recogidos en este Título, se le impondrá la pena de multa de dos a cinco años, o la del triple al quíntuple del beneficio obtenido si la cantidad resultante fuese más elevada.
    Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b a g del apartado 7 del artículo 33.
    6. Los tribunales, teniendo en cuenta la gravedad del hecho y sus circunstancias, las condiciones del culpable y la finalidad perseguida por éste, podrán imponer la pena inferior en un grado a la respectivamente señalada.
    7. En estos casos podrá además imponerse una medida de libertad vigilada.”
    Bien, ahora ya sabemos, qué es lo que dice el nombrado articulo origen de la campaña “Salvemos la Hospitalidad”, como si no fuéramos suficientemente hospitalarios.
    Como reconoce usted en la exposición de motivos de su propuesta, el Gobierno de Aragón, ha venido desarrollando un importante esfuerzo para promover la plena integración social de las personas de origen extranjero y yo le añadiría: ¡¡¡ y el Gobierno de España!!! Señor mío, ¡¡¡ y el Gobierno de España!!!
    Según se indica en el apartado XXII de la Exposición de Motivos, del anteproyecto de ley orgánica por la que se modifica la ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del código penal, se hace necesario revisar la regulación del artículo 318 del Código Penal, al objeto de redefinir las conductas delictivas conforme a lo establecido en la Directiva 2002/90 CE y a las pautas fijadas en materia de penas por la Decisión Marco 2002/946 JAI.
    El párrafo segundo establece que el Ministerio Fiscal podrá abstenerse de acusar por este delito cuando el objetivo perseguido sea, únicamente, prestar ayuda humanitaria a la persona de que se trate. Esta previsión se anuda a lo previsto en el artículo 1.2 de la Directiva 2002/90/CE, ya nombrada, que permite a los Estados miembros decidir, en aplicación de su legislación y de sus prácticas nacionales, no imponer sanciones a la conducta definida en la letra a) del apartado uno (artículo 1.1a), cuando el objetivo de esa conducta sea prestar ayuda humanitaria a la persona de que se trate.
    También se ajustan las penas a lo dispuesto en la Decisión Marco 2002/946/JAI, que únicamente prevé para los supuestos básicos la imposición de penas máximas de una duración mínima de un año de prisión, reservando las penas más graves para los supuestos de criminalidad organizada y de puesta en peligro de la vida o la integridad del inmigrante.
    La reforma culmina también la transposición efectiva de la Directiva 2009/52/CE, por la que se establecen las normas mínimas sobre las sanciones y medidas aplicables a los empleadores de nacionales de terceros países en situación irregular.
    Es decir, lo que se propone en el Anteproyecto es adecuar nuestro Código Penal también, a la Directiva 2008/115/CE (apoyada por el grupo socialista de Zapatero), con lo que no es, sino introducir los conceptos y normativa de nuestro derecho europeo.
    Esta Directiva o ley de retorno considera sancionable y exige a los Gobiernos de los países europeos, incluida por tanto España, a la regulación de la prohibición de la ayuda a la circulación y permanencia de los inmigrantes ilegales.
    Prohibición y sanción de determinadas conductas, que como reiteradamente ha defendido el Ministerio Fiscal, en ningún caso deben ser confundidas con las ayudas o solidaridad para con la propia subsistencia de los inmigrantes. Es decir, con las actuaciones que se realizan por parte de los servicios sociales municipales y las asociaciones sin ánimo de lucro.
    A este Anteproyecto le restan importantes trámites como el informe del Consejo de Estado, la información pública, la aprobación del proyecto por el Consejo de Ministros, la tramitación parlamentaria y aportación del resto de grupos…
    Y además, ya lo he dicho, que la reforma del Código Penal está en suspenso y no ha llegado aún al Congreso de los Diputados
    Sería por tanto normativa europea, sancionar ambas actuaciones la de ayuda a la permanencia y la ayuda al tránsito o circulación, pues en la referida Directiva se establece la obligatoriedad del retorno a los países de origen o expulsión de los inmigrantes ilegales, evitando su tránsito entre estados europeos.
    En conclusión: Nuestro Grupo va a votar en contra de esta propuesta, pues nos encontramos en fase de Anteproyecto que como ya he dicho viene a adecuar nuestro Código Penal a una Directiva europea, de obligado cumplimiento, además de que como ya le he dicho en alguna otra ocasión, no es este Ayuntamiento competente para entrometerse en estos temas que corresponden a la Cámara Baja y otros estamentos, ya sabe Sr. Fuster… a usted le encanta la frase, recuerde, recuerde………………………………..UNA ADMINISTRACIÓN UNA COMPETENCIA!
    Muchas Gracias.

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