La Reforma Local: verdades y mentiras

Probablemente el actual anteproyecto de Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local se parecerá muy poco al que resulte -en su caso- aprobado en las Cortes Generales, tras su paso por el Consejo de Estado y su tramitación parlamentaria. Como se parece poco la última versión de febrero manejada a la que disparó las primeras alarmas el verano pasado. Y es que el debate público debía haberse producido con antelación entre las fuerzas políticas y las administraciones afectadas.

Este artículo fue publicado el domingo en El Periódico de Aragón

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Cambiar una Ley de Bases del Régimen Local que data de 1985 debe llevarse a cabo por consenso, con el acuerdo de todos. Sólo así será útil, efectiva y perdurable.   Es verdad que la ley pretende adaptar la normativa básica de la administración local a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Pero no lo es menos que no da ninguna respuesta al principal y mayor problema que padecen los entes locales hoy, que es el de su financiación.

Cierto es que con la propuesta se pretende responder a los problemas del déficit y de la deuda del Estado. Pero también lo es que sólo el 3 % de la deuda viva es responsabilidad de los ayuntamientos, y de éste el 25 % corresponde al de Madrid. Es decir, se pone el foco donde no está el problema, se lanzan mensajes falsos y se sitúan en el punto de mira a municipios y autonomías como causantes del problema.

Es más, se ataca el déficit tomando medidas de “rescate” para los pequeños municipios  que son irrelevantes para el conjunto de la Deuda Pública (deuda por habitante de 272 €), mientras no se toman para las grandes corporaciones que sí son determinantes. Los 5 mayores de 500.000 suman 902 € por habitante, llevándose la palma Madrid con 1.963 €.

Se busca la clarificación bajo el principio de “una administración, una competencia”. Sin embargo, no se plantea practicarlo en la propia administración estatal eliminando los cinco Ministerios que  tienen sus competencias transferidas de forma generalizada a las comunidades autónomas: Industria; Sanidad; Agricultura y Medio Ambiente; Educación y Cultura; y Justicia. O mediante la supresión de Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno

El anteproyecto dice perseguir el objetivo de racionalizar la estructura organizativa del régimen local. De acuerdo, pero fortaleciendo a las diputaciones provinciales se añaden más administraciones en el ejercicio de las mismas competencias (agua potable, alcantarillado, residuos urbanos, parques y jardines, etc.) que complican y enmarañan su gestión.   El borrador plantea retirar a los municipios menores de 20.000 habitantes la gestión de los servicios cuando haya razones de sostenibilidad financiera por el coste estándar (¿Y quien sabrá cual es?) o por ser ineficiente con las economías de escala. Pero, esas tesis no concuerdan con la realidad: los ayuntamientos menores tienen un gasto corriente por habitante mucho menor  (781 en los de hasta 20.000) que en los de más de 1 millón de habitantes (1.162 €).

Afirma el gobierno que se van a ahorrar con esta ley 7.129 millones de euros; pero la realidad es que el ahorro no se explica por ningún lado. Si los servicios se han de seguir prestando, los pague una u otra administración, el coste para las arcas del estado será básicamente el mismo, sino mayor, porque determinados servicios prestados desde una DP son necesariamente más caros y peores que desde un pequeño ayuntamiento, mancomunidad o comarca. A no ser que lo que se quiera sea eliminar servicios (entonces obviamente el coste sería menor).

El asunto que ha copado los titulares es la limitación de los sueldos, personal eventual y altos cargos. Pero el propio gobierno la cuantifica en sólo 145 millones (apenas un 2 % del total del supuesto ahorro). De hecho se afirma que el 82 % de los concejales no tendrán dedicación exclusiva, cuando en la actualidad se estima que el 83 % no la tienen. Y en paralelo, se obvia que se limita la iniciativa pública al prohibir de facto el ejercicio de competencias impropias y actividades económicas: Residencias de mayores, escuelas de música, escuelas infantiles, etc. poniendo en peligro miles de empleos, la calidad de vida de los más desfavorecidos y la conciliación de la vida laboral y familiar.   Finalmente, además de cercenar la autonomía municipal, no respeta las competencias recogidas en los  artículo 71 y siguientes del  Estatuto de Aragón. Lo que obligaría al Gobierno y/o las Cortes de Aragón a presentar recurso de inconstitucionalidad contra esa Ley caso de aprobarse.

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