La DPZ pide recurrir las Reformas Judiciales a instancia de CHA

La DPZ acordó en el pleno de ayer pronunciarse  contra la reforma de la Justicia y solicita que se recurra de inconstitucionalidad la Ley de Tasas Judiciales. Y lo hizo ante una propuesta que presenté en nombre de CHA que gozó del apoyo de todos los partidos excepto el del PP. De esta forma el PP, que gobierna la DPZ junto al PAR, perdió su primera votación en este mandato.

bizenComo portavoz del grupo provincial de CHA, afirmé que “la Justicia si no es rápida y gratuita, no es Justicia. El Gobierno central ha conseguido poner de acuerdo a jueces, fiscales, abogados, funcionarios, consumidores, sindicatos y partidos contra sus propuestas de reforma: nunca había habido tanto consenso”.

Defendimos en el pleno manifestar una posición contraria a la nueva ley 10/2012, de 2º de noviembre, que regula las tasas judiciales, además de solicitar su inmediata derogación por restrinsgir el derecho constitucional a la tutela efectiva y a la igualdad de los ciudadanos ante la ley.

Según pusimos de manifiesto las nuevas tasas limitan enormemente el acceso a la justicia por razones meramente económicas, ya que lo que hasta ahora era un servicio público al alcance de todos pasa a ser inaccesible para muchas personas.
Y es que con esta nueva ley, la población tendrá que pagar por acudir a la justicia en temas como despidos laborales, negligencias médicas, impugnaciones de sanciones, multas administrativas, comunidades de propietarios… En otras palabras, van a ser muchos los asuntos que afectarán al bolsillo de los ciudadanos, ya que los requisitos para el acceso al sistema de beneficio de justicia gratuita son tan extremos que el grueso de la sociedad queda fuera.

 En el caso de Aragón –además- se da la circunstancia de que desde 1283, con la promulgación del Privilegio General de Aragón, se reconoce la gratuidad de la Justicia para aquellas personas de bajos ingresos. Una tradición jurídica aragonesa para la que pedíamos mantener el respeto debido.

Bien, pues finalmente, la votación fue: PSOE, PAR, CHA e IU a favor de nuestra propuesta y tan sólo el PP (que reconoció que lo hacía por disciplina partidaria) votó en contra. Este es el texto de la parte dispositiva, que quedó como acuerdo aprobado:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

 El Pleno de la Diputación Provincial de Zaragoza, consciente de la importancia del acceso de la ciudadanía a derechos constitucionales como son la Igualdad ante la Ley y la Tutela Judicial Efectiva, acuerda:

 1.- Manifestar su opinión contraria a la nueva  Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y solicitar su inmediata derogación por restringir el derecho constitucional a la tutela efectiva y a la igualdad de los ciudadanos ante la ley.

 2.- Dirigirse a la Defensora del Pueblo y al Justicia de Aragón para que presenten recurso de inconstitucionalidad contra la misma; en el caso aragonés por invasión de competencias propias en la materia (artículo 71.3 del Estatuto de Autonomía de Aragón).

3.- Solicitar al Gobierno de Aragón y al de España el respeto debido a la tradición jurídica aragonesa  que desde 1283 reconoce la gratuidad de la Justicia para las personas con menos recursos.

4.- Trasladar este acuerdo a los Gobiernos Español y Aragonés, a las Cortes Generales, a las de Aragón y a los distintos grupos parlamentarios de las mismas.

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