La DPZ contra los desahucios a propuesta de CHA

El drama de los desahucios y ejecuciones presupuestarias está en la calle y no podemos seguir tolerándolo. Entre 2007 y el tercer trimestre de 2011 se han producido 328.687 procedimientos de ejecución hipotecaria en el estado español, y se estima que a finales de este 2012 se superarán los 500.000. Centenares de miles de familias están siendo desahuciadas de sus casas por algunas de las mismas entidades financieras que han provocado la crisis y que han sido rescatadas con dinero público (en Aragón las entidades financieras han ejecutado 9.177 hipotecas en ese periodo).

Por todo eso, y con antelación a las reuniones que han mantenido a lo largo de la última semana el Gobierno del PP y el PSOE en la Moncloa, ya presenté -en nombre del Grupo Provincial de CHA una Propuesta de Resolución intentando lograr un posicionamiento común frente a los desahucios y la exclusión social que generan.

Estos desahucios, la mayoría de la vivienda habitual y que afectan a familias enteras, en muchos casos con hijos, son junto al paro de larga duración y  los hogares sin ningún miembro de la familia trabajando, los efectos más dramáticos de la crisis que padecemos. No es admisible que en un Estado que se define como Social y Democrático de Derecho se estén produciendo centenares de miles de desalojos a la vez que existen millones de pisos vacíos que no están cumpliendo su función social.

Desde las administraciones publicas no se ha conseguido dar respuesta a esta situación de emergencia habitacional ni detener la sangría de desalojos, y -por eso- la percepción ciudadanía es que parecen más dispuestas a amparar y proteger los intereses de las entidades financieras que a defender los derechos más elementales de la gente.

Y así, los poderes públicos parecen cómplices de la vulneración de este derecho básico, incumpliendo el marco jurídico estatal, así como diversos tratados internacionales que han sido ratificados por el estado español:

• Se vulnera el artículo  47 de la Constitución  Española, que dice literalmente: “Todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo al interés general para impedir la especulación. La comunidad participara en las plusvalías que genere la acción urbanística.”
• Se vulnera el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios.”
• Se vulnera el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, donde dice que el estado esta obligado a hacer todo lo posible por impedir los desalojos forzados por motivos económicos. Y que en caso de no evitarlos, debe velar para que se cumplan todas las garantías procesales y un realojo digno y adecuado para las familias. España firmó y ratificó este pacto, por lo que está obligada a respetarlo.

La situación hipotecaria que viven miles de familias y la sobreprotección jurídica que ostentan las entidades financieras en nuestro país, es única en el mundo. La visibilidad de esta problemática tanto en los medios de comunicación como en la agenda política no es proporcional a la magnitud ni a las dimensiones de la tragedia que se está viviendo.

En este contexto, proponer un Código de Buenas Prácticas a las entidades financieras para que ellas decidan voluntariamente su aplicación, ni resuelve el problema, ni es suficiente para un Gobierno con capacidad de aprobar normas e impulsar la acción legislativa. De hecho, tanto desde el Consejo General del Poder Judicial como por parte de numerosos jueces decanos se está reclamando una nueva regulación de la materia.

Por todo ello en nuestra propuesta de resolución planteamos tres niveles diferentes de actuación.

Tras unos ligeros retoques,transaccionados esa misma mañana con las dos enmiendas presentadas, se acordó el texto Definitivo sobre la propuesta de CHA de forma unánime por PP, PSOE, PAR, CHA, IU y no adscrito, en el Pleno de la DPZ celebrado el 12 de noviembre de 2012. Podrían haber tomado ejemplo el PP y PSOE en el Congreso y otro gallo nos cantaría.

PROPUESTA DE RESOLUCION

 El Pleno de la Diputación Provincial de Zaragoza, consciente de la situación de crisis y del drama humano que supone la pérdida de la vivienda por la avalancha de desahucios o desalojos obligatorios a causa del  impago de la hipotecas, acuerda:

 1.- Instar al Gobierno central y a los poderes públicos a:

 a).- Poner en marcha  -con la premura que requiere el caso- las propuestas de cambios normativos que posibiliten a los propietarios de viviendas embargadas  (cuando se trate de domicilio habitual de familias en situación de insolvencia sobrevenida e involuntaria) que puedan hacerse cargo de su deuda en condiciones justas, con las moratorias que estén justificadas y sin perder el acceso a una vivienda digna. La dación en pago de la vivienda –como último recurso- deberá permitir que ésta pueda continuar siendo utilizada durante un periodo de tiempo determinado, por sus antiguos propietarios, en las condiciones que se determinen y acorde con su capacidad adquisitiva.

 b).-Presentar en el plazo más breve posible un proyecto de reforma de la legislación hipotecaria, procesal y mercantil que aborde con el máximo consenso posible –entre otros muchos aspectos- medidas contra el sobreendeudamiento hipotecario personal y familiar, la limitación de los intereses de demora en caso de impago, la modificación del sistema de tasación de viviendas, o la dación en pago como fórmula de satisfacción total de la deuda. 
 
 2. Solicitar expresamente a las entidades financieras que -en tanto en cuanto esta nueva regulación se apruebe- dado el esfuerzo que el conjunto de la sociedad está realizando en su ayuda y dada su corresponsabilidad en la exagerada generalización de concesión de hipotecas en los años en que la crisis se generó,  extremen hasta el límite su política de responsabilidad social de forma que su objetivo sea también que ninguna familia de su cartera de clientes, se quede sin  una vivienda, en la que dormir, descansar y vivir.

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