¿Eliminar concejales?

Se espera que en septiembre vea la luz lo que ahora es el Anteproyecto de Ley de Racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. Aunque nada está claro, pues los propios cargos del PP ya han hecho llegar su opinión en el sentido de que la norma como tal es una barbaridad. 70 cargos públicos de CHA nos reunimos en Vera de Moncayo el pasado día 4 para analizar este proyecto legislativo y las consecuencias que podría tener, especialmente en Aragón.

Jornada en Vera de Moncayo para analizar la propuesta de reforma de la administración local del PP.

El Estado reconoce una deuda pública de 800.000 millones, pero sólo el 3% es responsabilidad de la gestión municipal. Es decir: se pone el foco donde no está el problema, se lanzan una serie de mensajes falsos y se ataca a las autonomías y a los municipios, como si allí radicara el problema, intoxicando a la opinión pública. Todas las medidas que proponen se supone que están destinadas a ahorrar pero se caen por su propio peso.

Se pretende ahorrar con la reforma de las competencias propias de los Ayuntamientos hasta 3.500 millones de euros. En realidad, sólo se suprimen las actividades complementarias que los ayuntamientos realizan en materia de educación, sanidad, servicios sociales especializados, vivienda y políticas de mujer, sin que se sepa, a día de hoy, quién las va a gestionar. De ahí a ahorrar, media un abismo. Los datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en su publicación de “Las Haciendas Locales en cifras 2009” indican que NO es posible ahorrar esos millones, porque es más de lo que gastan los Ayuntamientos en sanidad o educación (2.188 millones). Tampoco es posible ahorrar en aquello cuya competencia “cambia de manos”, pues lógicamente el mantenimiento de edificios sanitarios y educativos pasarán a pagarlo las CCAA. Vamos, que si se prestan los servicios, no se ahorra nada el Estado.

En la propuesta, se suprimen las 3.725 entidades locales menores existentes. Estas garantizan la autonomía, los servicios básicos de calidad y la identidad de los pueblos que perdieron su ayuntamiento. Su nivel de gastos sigue siendo bajo, como el de los pequeños municipios. Los municipios independientes pequeños y los municipios grandes agrupadores de pueblos tienen un nivel de “gasto per cápita” muy similar. El argumento del Gobierno de no presentar cuentas para liquidarlas no se sostiene. Dotándoles de medios económicos y de autonomía financiera equitativa podrá exigirseles el cumplimiento de la legislación presupuestaria. En todo caso, se vulnera la capacidad de organización de estas entidades por parte de Aragón.

Igualmente, se anuncia que se eliminarán las mancomunidades cuya sostenibilidad financiera no esté asegurada y sus competencias pasarán a ser ejercidas por las Diputaciones provinciales, que se refuerzan. No vemos que vaya a haber ahorro para nada con esa medida y se reforzarían las DDPP cuando en comunidades como Aragón hemos apostado por un modelo propio con las comarcas, que tienen protección constitucional al estar expresamente establecidas en nuestro Estatuto de Autonomía. Ellas deberían asumir -en su caso- competencias que no pudieran ejecutarse por los municipios. Por cierto, en Aragón menores de 20.000 habitantes son todos menos 4. Hay que recordar que los servicios públicos se darán igual, solo que desde otro gestor. Entonces, ¿dónde está el ahorro?

Otra imagen de la jornada de CHA del pasado 4 de agosto

Pero, quisiera centrarme en el anuncio del Gobierno de que en las próximas elecciones municipales se eliminarán 21.338 concejales y de que los municipios no podrán tener más de 35 concejales. A través de un segundo Anteproyecto de Ley, del que también ha informado al Consejo de Ministros el titular de Hacienda y Administraciones Públicas, se modifica también la Ley Orgánica del Régimen Electoral General con objeto de reducir en un tercio el número de concejales existentes, que pasarían de los 68.578 actuales a 47.240.

La reducción de concejales no es una medida de “ahorro económico”, sino de marcado interés político por eliminar la pluralidad. No solo favorecerá el bipartidismo y mermará la representación política sino que además encarecerá el funcionamiento de los ayuntamientos. En Aragón supondría la desaparición de 1.350 actas de concejales/as, personas que en la actualidad están llevando áreas sin cobrar, porque en la mayoría de los municipios los concejales/as no cobran, y cuya labor se tendrá que realizar de otra manera, seguramente pagando. No sobran cargos públicos, sino que falta un límite al gasto. La eliminación de concejales, “mano de obra gratis” por su vocación de servicio, disponibilidad, generosidad y voluntariedad es insustituible.

Desde CHA hemos presentado una serie de propuestas que servirían para disminuir la deuda sin necesidad de atacar la autonomía de los municipios aragoneses ni suprimir los servicios públicos que se prestan:

-La fusión y eliminación de los Ministerios que en estos momentos están vacíos de contenido porque las competencias ya están transferidas a las CCAA.

-La revisión o supresión del Senado, como institución inoperante.

-El establecimiento de un tope de gasto político y de asesores para que se limite el presupuesto que se podrá disponer en este apartado, en función de la población y otros parámetros financieros.

-Que los municipios puedan cobrar el IBI que en estos momentos no paga la Iglesia porque no tiene sentido que se sigan permitiendo este tipo de privilegios, y -si se pide un esfuerzo- todas las organizaciones deben realizarlo.

-La persecución del fraude fiscal en el Estado español para conseguir más financiación que pueda reducir el déficit y destinarse a los ayuntamientos.

En fin, el debate está abierto.

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