300 millones de € en juego por las restituciones territoriales

Al menos 300 millones de euros podrían invertirse en Aragón como restituciones o compensaciones territoriales por obras hidráulicas si prospera y se cumple la propuesta/moción que hemos planteado y que se debatirá en la primera Comisión de Medio Ambiente de las Cortes de Aragón, del mes de febrero.
Antes de que en 1999 se introdujera el concepto jurídico de “restitución territorial”,  en la modificación de la Ley de Aguas,  ya se acometieron en Aragón proyectos de compensaciones por obras hidráulicas.

En el artículo 130.4 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas se establece: “Cuando la realización de una obra hidráulica de interés general afecte de forma singular al equilibrio socioeconómico del término municipal en que se ubique, se elaborará y ejecutará un proyecto de restitución territorial para compensar tal afección”.

En el artículo 32 de la Ley 6/2001, de 17 de mayo, de Ordenación y Participación en la Gestión del Agua en Aragón, que regula el objeto del Instituto Aragonés del Agua, se especifica que tendrá –entre otras- esta competencia:
“i) El impulso de la adopción de medidas compensatorias que con carácter previo satisfaga la enorme deuda histórica que la sociedad en su conjunto tiene contraída con las comarcas y municipios afectados que ya han padecido, a lo largo del siglo XX, los nocivos efectos de las obras de infraestructura hidráulica.”
En el artículo 62 de esa misma ley se indica que corresponde al referido Instituto la formulación de las Bases de la Política del Agua en Aragón que a su vez y entre otros tendrán por objeto:

-“Solicitar a la Administración del Estado un programa de actuaciones compensatorias en beneficio de los municipios y comarcas que hayan padecido los impactos negativos de la política hidráulica, en cuya elaboración participará también la Administración de la Comunidad Autónoma.

-Definir las actuaciones de compensación territorial que hayan de acompañar a la ejecución de infraestructuras hidráulicas en Aragón.

-Estudiar el coste por la falta de inversiones que durante años han sufrido las zonas y pueblos donde hay proyectadas obras hidráulicas que han frenado sus expectativas de crecimiento y desarrollo urbanístico, económico y social”.

Posteriormente, las Bases de la Política del Agua en Aragón, elaboradas previamente por el Instituto Aragonés del Agua, fueron aprobadas con 20 propuestas de Resolución por las Cortes de Aragón en sesión de la Comisión de Medio Ambiente de 1 de diciembre de 2006 y publicadas en el BOA del 26 de febrero de 2007. En su capítulo VI se retoman los principios de la legislación aragonesa, considerando los proyectos de restitución para compensar no sólo por las nuevas infraestructuras sino también -y sobre todo- por las puestas en marcha a lo largo del siglo XX junto a las medidas de gestión necesarias para lograr sus objetivos.

Es de reseñar que la política hidráulica del siglo pasado, lejos de restituir el mal causado por las obras de regulación, actuó de tal forma que amplió e impulsó el efecto del abandono incluso a quienes seguían conservando medios para vivir, limitándose al pago de expropiaciones. Ello ha provocado una deuda histórica que cualquier sociedad que se tilde de justa debe corregir. En este sentido, no deben contemplarse infraestructuras, equipamientos o servicios esenciales a los que los ciudadanos de cualquier territorio tienen derecho, sino que deben incluirse en esos planes de restitución medidas de carácter excepcional bajo el principio de discriminación positiva.

Por todo ello, desde el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista (CHA) presentamos una interpelación sobre cuál es la política general del Gobierno de Aragón en relación con las restituciones o compensaciones territoriales en la política hidrológica que se desarrolla en Aragón. Mantuve el debate en el Pleno con el Consejero Alfredo Boné y, a consecuencia del mismo hemos presentado la siguiente moción:

Las Cortes de Aragón, en coherencia con el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas (artículo 130.4); con los artículos 32 y 62 de la Ley 6/2001, de 17 de mayo, de Ordenación y Participación en la Gestión del Agua en Aragón, así como con las Bases de la Política del Agua en Aragón; y conscientes del enorme retraso acumulado, instan al Gobierno de Aragón a:

1.-Impulsar la aprobación de Planes de Restitución Territorial de todas las obras hidráulicas de interés general realizadas, en ejecución o pendientes de ejecución desde 1999 (entre otros La Loteta, El Val, Lechago, San Salvador, Montearagón, Calcón,Valdepatao, Mularroya, Malvecino, Las Parras,Recrecimiento de Santolea,balsas del Matarranya, Los Alcamines o -en su caso- Biscarrués, Almudévar o Recrecimiento de Yesa) en coordinación con el Gobierno de España (titular de la competencia sustantiva), elaborando un Calendario de Actuaciones y comprometiendo la financiación de las administraciones competentes. Para ello deberá buscarse el acuerdo entre todas las administraciones intervinientes y la representación de los habitantes y territorio afectados y, para los nuevos proyectos, la simultaneidad de las restituciones y la ejecución de las obras.

2.-Elaborar Planes de Actuación que recojan las medidas de restitución y desarrollo socioeconómico necesarias a causa, tanto de los proyectos hidráulicos ejecutados con anterioridad a la modificación de la Ley de Aguas de 1999 (Mediano, Barasona, El Grado, Yesa, Búbal,de La Peña,La Sotonera ,Ardisa, Mezalocha,  La Tranquera, Las Torcas, Mequinenza, Caspe, Cueva Foradada,Escuriza, Santolea,Pena, Arquillo de San Blas…), como del “coste de expectativas” y afecciones producidas por los proyectos no ejecutados pero que han estado incluidos en la planificación o programación pública (Jánobas, Lorenzo Pardo, Comunet, Santaliestra, Torre del Compte …)

3.- Solicitar al Gobierno de España la encomienda de gestión para la ejecución de esos planes por parte de la Comunidad Autónoma de Aragón, y valorar la conveniencia de realizar el seguimiento de los mismos en el marco de la Comisión de Seguimiento del Pacto del Agua y en las ponencias correspondientes de la Comisión del Agua de Aragón.

Sólo las previstas (sin estar cerrados los planes) para Montearagón, Yesa y Lechago, superan los 120 millones de euros. La valoración de las compensaciones por las realizadas a lo largo del siglo XX, o del coste de espectativas de las no realizadas, elevarían muy por encima de los 500 millones de euros las inversiones que podrían llevarse a cabo en los territorios aragoneses afectados.

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