Reformar la Constitución

Como cada año por estas fechas recordamos el cambio que supuso en España la aprobación de una Constitución como la de 1978. Sin embargo, veintiocho años después, las transformaciones experimentadas aconsejan abordar una reforma constitucional que ponga al día las reglas del juego, especialmente entre la Administración central y las de las Comunidades Autónomas, un nuevo poder emanado de la propia Constitución y que ya debe alcanzar la mayoría de edad. Desde CHA, por supuesto que reconocemos el decisivo papel que ha tenido y tiene la Constitución para la consolidación de la democracia, así como los valores sociales que propugna como la libertad, la justicia y la igualdad entre los ciudadanos, pero ya es momento de corregir las carencias territoriales que presenta. Asistimos al tercer 6 de diciembre consecutivo de la etapa de gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y uno de sus compromisos de investidura, la reforma de la Constitución, ni se ha cumplido, ni existen indicios de que se pueda llevar a cabo en esta legislatura. Por eso es hora de pedirle al Presidente Zapatero que no atienda los cantos de sirena pro involucionistas de Mariano Rajoy, que se apunta ahora a una contrarreforma. Lo que hace falta es volcar los esfuerzos en la necesaria reforma territorial que necesita la Constitución. La reforma constitucional que avance fundamentalmente hacia el Estado federal es la última gran reforma pendiente. Hay que dejar de lado a los miedosos y a los que intentan asustar usando la Constitución como elemento de confrontación política, porque, si la propia Constitución incluye los mecanismos de su propia reforma, tan constitucional es cambiarla como dejarla como está.

El anuncio de Rajoy del pasado fin de semana, pidiendo reforzar los poderes del Estado en la posible reforma constitucional, es una involución, en el sentido estricto del diccionario, ya que se propone “un conjunto de modificaciones regresivas que sufre un organismo o parte de él”, en este caso la Constitución con disminución de su forma, de sus funciones y de su vitalidad. Mientras, el PAR le sigue a la zaga y observamos cómo su Presidente se quedó en los setenta, y no quiere que nada se toque para que todo siga igual. En los años 70 y 80 se consagraron las dos velocidades para acceder la autonomía y, gracias entre otros a las maniobras políticas de José Ángel Biel (entonces capo de la UCD de Teruel), Aragón quedó fuera del pelotón de cabeza y todavía lo estamos pagando.

De cara a la reforma constitucional para avanzar hacia el Estado federal plurinacional, CHA propone un decálogo, que incluye, entre otras medidas: a) garantizar los derechos y obligaciones de todas las partes frente al todo en un plano de igualdad y reciprocidad, b) convertir el Senado en una auténtica Cámara de representación territorial (mediante la representación de cada Comunidad Autónoma a través de una doble vía de designación por los Parlamentos Autonómicos y por los Gobiernos Autonómicos), c) garantizar en la elección del Tribunal Constitucional la participación de las Comunidades Autónomas para asegurar la representación de todas las partes, así como establecer también mecanismos de participación autonómica en la designación de otras instituciones generales del Estado, d) atribuir a los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas las funciones de Tribunal de Casación, para resolver en última instancia los recursos judiciales iniciados en su jurisdicción, y e) transferir las funciones ejecutivas de la Administración periférica del Estado a la correspondiente Comunidad Autónoma, para que ésta actúe como única administración en su territorio, racionalizando y evitando las duplicidades, concurrencia y superposición de competencias por parte de las distintas administraciones.

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