Si el sector de la automoción y OPEL son estratégicos en Aragon -que lo son- también lo es, tanto o más, el sector agrario, con el que nos jugamos el futuro, no sólo de las personas afectadas y sus familias, sino también el de todo nuestro medio rural. Por eso acabo de presentar una iniciativa parlamentaria en las Cortes de Aragón.

La grave crisis que padece el sector agrario en España y en Aragón ha propiciado una inusual convocatoria unitaria de movilizaciones en el campo para los próximos 20 y 21 de noviembre por parte de las tres organizaciones agrarias más importantes del Estado: COAG, ASAJA y UPA. Se trata de un paro general en el sector agrario y en el medio rural  el día 20, y una gran manifestación en Madrid, el día 21.

Para los dirigentes agrarios se está viviendo una de las crisis más graves del sector que se recuerdan: un recorte de las rentas agrarias del 26% por la caída de precios en origen y un incremento de los costes de producción del 34,3 % desde 2003 . En otras palabras: lo que se vende está por los suelos y lo que se compra por las nubes.

En el ámbito aragonés “nos estamos jugando la vida”,  afirman los dirigentes de UAGA y “de continuar la situación actual serán pocas las explotaciones que podrán continuar sobreviviendo”.  Y es que “el campo se arruina” porque en el sector agrario al impacto de la crisis económica general se suman los problemas que se vienen arrastrando desde hace más de una década, y se está vendiendo por debajo del coste de producción. Apenas hay subsector que se salve: frente al encarecimiento de las materias primas y los costes de producción –según las organizaciones agrarias- el precio en origen es un 40% inferior al 2008 en los cereales, las explotaciones del ovino se cierran a diario, el porcino está hundido o en la fruta dulce se ha vivido un desplome histórico.

El sector agrupa en Aragón a  más 25.000 agricultores y productores de alimentos, por ello recaba el apoyo de los ayuntamientos, de las cooperativas y de las industrias agroalimentarias y de servicios. Los agricultores y sus familias son cruciales para el mantenimiento de un mundo rural vivo -social y medioambientalmente- y más –si cabe- en nuestras comarcas más despobladas.

Desde Chunta Aragonesista (CHA), consideramos que todas las instituciones públicas aragonesas deben respaldar como propias las demandas del sector agrario y, en consecuencia he presentado esta proposición no de ley, que en su parte dispositiva afirma:

Las Cortes de Aragón, conscientes de la preocupante situación del sector agrario y de la importancia  del mismo y de nuestra agroindustria para el devenir de todo nuestro territorio, declaran su apoyo expreso a las movilizaciones que han convocado unitariamente las organizaciones agrarias para  los días 20 y 21 de noviembre próximos, e instan al Gobierno de Aragón a respaldar y apoyar sus demandas al igual que se hace con otros sectores estratégicos de nuestra comunidad.

En los próximos días nos jugamos mucho en relación con el futuro de las cercanías en Aragón, y de forma muy especial con la futura estación de Goya. En el último pleno debatí en nombre de CHA con el Consejero de Obras Públicas, y en el próximo se votará la moción dimanante que he presentado.
Una red de cercanías ferroviarias de Zaragoza y su área metropolitana supone un avance fundamental tanto para conseguir un sistema de transportes sostenible e intermodal como para contribuir decisivamente a la vertebración territorial aragonesa. El 23 de marzo de 2002 el Ministerio de Fomento, El Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza suscribieron un convenio para el desarrollo de las obras derivadas de la transformación de la Red Arterial Ferroviaria de Zaragoza. Posteriormente, en el marco de ese acuerdo, la Sociedad Zaragoza Alta Velocidad, S.A. acordó impulsar (por primera vez en Aragón) una red de cercanías ferroviarias de Zaragoza de la que un primer tramo de 17 kilómetros entre las estaciones de Casetas, Utebo, Delicias, El Portillo y Miraflores entró en servicio en junio de 2008, coincidiendo con el inicio de la EXPO.

Sin embargo, no se están cumpliendo las previsionestanto de las actuaciones comprometidas por el Ministerio de Fomento en su calendario, como las acordadas por el Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza en el Plan Intermodal de Transportes y de Movilidad Sostenible de Zaragoza, para los horizontes 1010 y 2015, ni de la ampliación y derivaciones de la línea inicial ni de la construcción de las estaciones de Goya, Tenor Fleta, Plaza, AVE Ronda Sur, Las Fuentes o Cuarte de Huerva, y mejora o adaptación de las de Miraflores, Cogullada, Cabañas de Ebro, Pedrola, Cadrete o María de Huerva.

El cierre de un modelo y un mapa que deje establecida la red definitiva del sistema de cercanías en Aragón, con carácter previo a las previstas transferencias de la gestión de esos servicios a las Comunidades Autónomas, es fundamental. En este sentido, la construcción de la Estación de Goya se presenta como crítica por ser la rótula esencial para el funcionamiento de las cercanías ferroviarias y el tranvía, así como para la efectiva intermodalidad del transporte público del área metropolitana de Zaragoza.

Pese a todo, a fecha de hoy no está garantizada la financiación y ejecución de la  referida Estación de Goya, pese al inicio de las obras de la primera línea del tranvía de Zaragoza, ni desde la Sociedad Zaragoza Alta Velocidad (responsable de ésta y otras infraestructuras relacionadas).Por eso, hemos presentado la siguiente moción:

Las Cortes de Aragón, conscientes del carácter sostenible e intermodal que tienen las cercanías ferroviarias como medio de transporte seguro, de gran capacidad, rápido y accesible, así como de su contribución a la vertebración territorial aragonesa, instan al Gobierno de Aragón a:

 1.-Negociar con el Ministerio de Fomento y RENFE la firma de un convenio que permita al Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes participar en las decisiones y explotación del sistema de cercanías de Zaragoza y su área metropolitana; y en consecuencia, su consolidación, ampliación y expansión en línea con lo acordado por el Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza en su Plan Intermodal de Transportes y de Movilidad Sostenible.

 2.-Adoptar junto a los consocios de Zaragoza Alta Velocidad una solución urgente para la licitación e inicio de las obras de construcción de la estación de cercanías y trenes regionales de Goya antes de tres meses, de forma que la misma pueda estar construída completamente, equipada y lista para su utilización cuando finalicen las obras ya iniciadas de la primera fase de la línea de tranvía norte-sur de Zaragoza.

 
Ayer participé, en nombre del grupo parlamentario CHA, en la Comisión de Seguimiento del Pacto del Agua, que se reunía casi dos años después de la anterior ocasión en diciembre de 2007, aún copresidida por la entonces Ministra Cristina Narbona (a la que algunos ayer echamos de menos, ciertamente). En esta ocasión, al frente de  la parte española de la Comisión, estuvo la Ministra de los medios ambiente, rural y marino (MARM), Elena Espinosa, la Directora General del Agua, Presidente de la CHE, Delegado del Gobierno... y en la parte aragonesa el Presidente de las Cortes, los Consejeros Boné, Arguilé, Velasco y los portavoces de los 5 grupos parlamentarios.

Como conclusión: nada nuevo bajo el sol. Sin cronogramas, fechas ni compromisos mensurables, ni respuestas a las dudas suscitadas. Así que aproveché  la sesión de más de 3 horas  para exponer y denunciar:

a) Las irregularidades de los procesos de información pública, ocultación de documentación, etc., en relación con las obras del “modificado” de Yesa y de la Presa de Biscarrués (pequeño), obras que no tienen consenso social, pese a que pasaron por la Comisión del Agua de Aragón, y que no cuentan con el respaldo no sólo de CHA, sino de las asociaciones de afectados, los ayuntamientos concernidos, las organizaciones ecologistas, entre otros.

b) las dudas que suscita la continuidad de los trabajos  del Embalse de Mularroya pese a la  sentencia  de la Audiencia Nacional anulando el proyecto y el estudio de impacto ambiental, y ello con independencia de la posición que se mantenga respecto a esa actuación.

c) la persistencia de proyectos que , a pesar de haber transcurrido años desde su finalización, siguen sin ponerse en marcha: Montearagón, después de 3 años; El Val (tras lustros de litigios), y antes La Loteta, Calcón, etc.

d) El grave problema de las restituciones: clientelismo partidista en el último convenio MARM-DPH donde incluyen 1 obra para Fiscal (PSOE) y 3 para municipios de San Salvador (cuyas obras acaban de iniciarse -de lo que nos congratulamos, porque esa sí es una actuación pactada y de consenso- ), también, por supuesto gobernados por el PSOE,  pero que aún no han sufrido las afecciones  negativas que otras zonas como las del Aragón, Cinca, Gállego o Esera  padecen desde hace décadas.

e) Los problemas de las restituciones territoriales de Lechago, Jánobas, El Val-Los Fayos, entorno de Yesa (dejando a los pueblos más afectados, fuera), tramo medio del Esera (dejando fuera a Santaliestra), etc.  y en general los asuntos que se plantean desde COAGRET, etc.

Por supuesto, el limitado conocimiento por parte de la Ministra de los asuntos planteados y la ausencia de intervención de todo su séquito de acompañantes, dejaron en el aire la práctica totalidad de las cuestiones que se plantearon. Y alguna respuesta, como la de la existencia de una partida genérica  -de saco- que sirve para todas las actuaciones por las que se le reclame al no estar en los PGE -2010 con consignación, no convencieron a casi nadie.

Lo dicho. Bienvenida, Elena Espinosa, y adiós. Seguimos a vueltas con las obras de lo que queda del mal llamado Pacto del Agua.

El Gobierno de Aragón y la oficina de acceso a la vivienda (Toc Toc) están llevando a cabo una campaña publicitaria, más bien propagandística, en prensa y televisión sobre el Plan de Vivienda Garantizada, con el eslogan “Ahora acceder a una vivienda es más fácil”. Sin embargo, a fecha de hoy no hay ni una sola “vivienda garantizada” disponible, según se informa en la propia oficina del Toc Toc a cualquiera que se interese (y ya lo han hecho bastantes, a tenor de las quejas que nos han traladado a nuestro grupo parlamentario).

El pasado 26 de agosto, el BOA publicaba la Orden de 28 de julio de 2009, de los Departamentos de Economía, Hacienda y Empleo, y de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, de procedimientos de tramitación de las declaraciones de viviendas garantizadas conforme al Decreto-Ley 1/2009, de 14 de abril, por el que se aprueba el Plan especial de dinamización del sector de la vivienda y se autoriza la prestación de avales por el Gobierno de Aragón. Pese a ello, los promotores indican que no les interesa ese programa, porque ha reducido mucho los precios. Y claro, si no hay promotores que se acojan a esa modalidad, no hay “viviendas garantizadas” y dificilmente “ahora acceder a una vivienda es más facil”, como afirma sin sonrojo el Gobierno de Aragón.

 Por todo ello, como portavoz de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes del Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista (CHA) he registrado estas dos preguntas:

1.-¿Cuál es el motivo y la oportunidad por los que el Gobierno de Aragón, lanza una campaña publicitaria engañosa para que los ciudadanos accedan a “viviendas garantizadas” sin estar éstas disponibles?

2.-¿Cuál es el coste económico de la campaña publicitaria con la que el Gobierno de Aragón, traslada engañosamente a los ciudadanos que ahora ya pueden acceder a “viviendas garantizadas”?

Apenas un 20% del montante del Plan de Actuación Específico para Teruel 2006-2008 puede considerarse cumplido. El horizonte temporal de ejecución del Plan se situó entre 2006 y 2008, aceptándose que algunas actuaciones de mayor envergadura se prolongaran durante más años. De ahí que, especialmente respecto a las infraestructuras de transporte, se diferenciase entre actuaciones a corto, medio y largo plazo.
 Sin embargo hoy, ocho meses después de la prevista fecha final de ejecución del Plan, cabe afirmar que su tónica general ha sido la del incumplimiento tanto temporal como presupuestario del desarrollo y la ejecución de sus contenidos, permaneciendo en su mayoría todavía en proceso embrionario.

Con generosidad, puede hablarse de la ejecución de un 20% del mismo, cuando el grueso (al menos de las actuaciones a corto plazo) debíeran haberse ejecutado a 31 de diciembre de 2008. Sirva como ejemplo de la situación de la parte más importante del Plan, las infraestructuras de comunicación: de las 14 actuaciones incluídas como a corto-medio plazo, sólo dos han sido ya ejecutadas, siendo muy pocas las que se encuentran en obras, e inmersas las demás en un lentísimo proceso de redacción de Estudios Informativos o Proyectos. De las importantes obras hidráulicas, ninguna ha comenzado sus obras.  Del resto de actuaciones planificadas, pocas están concluidas, algunas se han ejecutado sólo parcialmente y de otras nada se sabe.
 A este incumplimiento se le une otro: el del compromiso del Gobierno Central de aprobar un nuevo ‘Plan Teruel’ para los años 2009 y 2010 tras concluir y revisar la ejecución del Plan anterior, durante el ejercicio 2008. Pero ni remotamente se ha cumplido en tiempo y forma el Plan de Actuación Específico para Teruel 2006-2008, ni el Gobierno Central ha aprobado un nuevo Plan Específico de Actuaciones para Teruel 2009-2010.
 Por todo ello, he registrado en las Cortes, en nombre del grupo Parlamentario Chunta Aragonesista (CHA), una Proposición no de Ley que intente dar respuesta a ese problema. La iniciativa, junto a un informe pormenoraizado del grado de cumplimiento del Plan, lo hemos presentado públicamente en Teruel con el Secreterio Territorial de CHA, Angel Sánchez.
 En los antecedentes, recordamos que el Consejo de Ministros aprobó el 28 de octubre de 2005 elreferido Plan , en coherencia con el compromiso político que Zapatero había adquirido -en su discurso de investidura de 2004- en respuesta al diputado de CHA en el Congreso de los Diputados, Labordeta. Se recogía así la reivindicación y presiones de la ciudadanía turolense, encauzada a través de movimientos sociales, colectivos ciudadanos, agentes sociales y formaciones políticas, que exigían un cambio respecto a la histórica actitud de abandono inversor del Estado respecto a la provincia de Teruel. Tal es así que el propio plan textualmente afirma que “En coherencia  con su política de favorecer la vertebración del territorio, compensando desigualdades y potenciando el desarrollo de zonas más desfavorecidas, el Gobierno ha decidido llevar a cabo en la provincia de Teruel un conjunto de actuaciones, integradas en el denominado “Plan de actuación específico para Teruel”, con el objetivo de impulsar el desarrollo de esta provincia, tanto desde el punto de vista social como económico…”
 Incluso se apuntaban razones para justificar esa circunstancia: “Teruel resultó excluida como Zona Objetivo 1 de los Fondos Estructurales, lo que conllevó también su exclusión del Fondo de Compensación Interterritorial y la reducción de las ayudas a las empresas que desearan instalarse en su territorio, pasando de un 50% a un 30% como máximo. Ello supuso que Teruel fuese la única provincia española con marcadas características de despoblación y atraso económico que quedase excluida de la asignación de estos Fondos y en una situación claramente desfavorecida con respecto a otras provincias”.

 En la parte dispositiva de la Proposición no de Ley, CHA plantea:

 Las Cortes instan al Gobierno de Aragón a que solicite y exija del Gobierno del Estado:
 1.- El cumplimiento íntegro en el menor plazo posible de los compromisos recogidos en el Plan de Actuación Específico para Teruel 2006-2008. Para ello deberán destinarse suficientes partidas en los Presupuestos Generales del Estado que permitan ejecutar y terminar en el próximo ejercicio el grueso de las acciones a corto-medio plazo y agilizar los proyectos a medio-largo plazo.
 2.- La elaboración y aprobación de un nuevo Plan de Actuación Específico para Teruel previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2008, con nuevas medidas, inversiones y compromisos que se sumen a los ya recogidos en el Plan actual.

Ayer presentamos públicamente en la sede de CHA en Barbastro la Proposición no de Ley, registrada el día anterior en las Cortes, relativa a la inclusión en el PEIT 2005-2020 del desdoblamiento de la N-123 Barbastro-Benabarre para conformar el eje Zaragoza-Huesca-Toulouse. me acompañaron en la presentación el Secretario Territorial del Altoaragón, Eduardo Pueyo, el el portavoz de CHA en el Ayuntamiento de Barbastro, Juan Carlos Rafel, y el Presidente de CHA-Somontano, José Luis Parra.

Pueyo, Fuster y Rafel en Barbastro

 Ya en el 2005, las Cortes de Aragón aprobaron la Proposición no de Ley nº 73/05, impulsada inicialmente por Chunta Aragonesista (CHA) y suscrita conjuntamente por todos los Grupos Parlamentarios de la Cámara, relativa a las Infraestructuras de Transporte Estatales. Mediante esta Proposición se instaba de manera unánime al Ministerio de Fomento a incluir en el nuevo ”Plan Estratégico de Infraestructuras del Transporte (PEIT) 2005-2020” una serie de infraestructuras que se consideraban vitales para la vertebración y el desarrollo de Aragón. Entre ellas se encontraba la conexión entre las proyectadas autovías Huesca-Lleida con la Lleida-Valle de Arán, entre Barbastro y Benabarre.

  Se trata de desdoblar la actual N-123 que  une ambas autovías, ya en construcción, para generar un eje directo de gran capacidad entre Zaragoza, Huesca, Barbastro y Toulouse, que no tenga dificultades para cruzar el Pirineo (el túnel de Viella ya está operativo) y no tenga problemas en el lado francés, y que complemente el ya existente Zaragoza-Huesca-Burdeos a través del Somport, aunque con muchas deficiencias en la vertiente francesa.

 El beneficio lo es no sólo para las comarcas directamente afectadas (Somontano y Ribagorza) lo es también para todo el Altoaragón y para Aragón entero al dotarnos de un eje internacional de gran capacidad una vez hecha la apuesta de la logística como sector estratégico del desarrollo de nuestro país.
 
 Pese al acuerdo unánime de estas Cortes dicha propuesta no fue incorporada, en ese momento, en el PEIT referido. No obstante, su inclusión podría conseguirse precisamente ahora, un momento oportuno para lograrlo, habida cuenta que durante los próximos meses de este año 2009 va a procederse a revisar el “PEIT 2005-2020”  para posibles modificaciones y adaptaciones del mismo, tal y como está  previsto  para cada uno de los quinquenios de vigencia del Plan.
 La obra pública de gran envergadura requiere 5 años de tramitación previas antes de que pueda aprobarse un proyecto y adjudicar las obras (un mínimo de 10 años desde el inicio de los trámites hasta su conclusión, en el mejor de los casos). Por eso necesitamos preparar las obras que en los p´roximos años puedan acometerse una vez se finalicen las actualmente en ejecución. Y en el Altoaragón no hay ninguna actuación viaria relevante en las previsiones del PEIT para ese momento.

 Por todo eso CHA quiere que, a través de su iniciativa parlamentaria, se acuerde solicitar del Ministerio de Fomento, la inclusión en el referido Plan del desdoblamiento de la N-123 Barbastro-Benabarre, como conexión de las autovías Huesca-Lleida y Lleida-Valle de Arán y conformando un eje viario internacional de gran capacidad Zaragoza-Huesca-Toulouse.

Bizén Fuster y Ángel Sánchez Monzón

Durante los próximos meses de este año 2009 va a procederse a revisar el ”Plan Estratégico de Infraestructuras del Transporte (PEIT 2005-2020)” para posibles modificaciones y adaptaciones del mismo, tal y como está  previsto  para cada uno de los quinquenios de vigencia del Plan. Por ese he presentado en nombre de CHA una iniciativa parlamentaria al respecto, en la convicción de que se puede y se debe compensar a Teruel de enorme retraso que -en el mejor de los casos- tendrá la autovía entre Cuenca y Teruel. Además hay que preparar infraestructuras que puedan estar en ejecución en el segunto y tercer quinquenio del Plan.

El 7 de abril de 2005, en sesión plenaria de las Cortes de Aragón, se aprobó la Proposición No de Ley nº 73/05, impulsada inicialmente por Chunta Aragonesista (CHA) y suscrita conjuntamente por todos los Grupos Parlamentarios de la Cámara, relativa a las Infraestructuras de Transporte Estatales. Mediante esta Proposición se instaba de manera unánime al Ministerio de Fomento a incluir en el nuevo  (PEIT) 2005-2020” una serie de infraestructuras que se consideraban vitales para la vertebración y el desarrollo de Aragón. Entre esas infraestructuras reivindicadas desde Aragón se encontraba, tal y como recoge el punto 2.A.d) de la proposición, la “Prolongación de la proyectada autovía Madrid-Cuenca-Teruel hasta Alcañiz, Caspe y Fraga (desdoblamiento de la N-II), vertebrando de esta forma las comarcas orientales”.

Además, esta propuesta que unánimemente se acordó en Aragón cuenta en la actualidad con más apoyos. Al otorgado por distintas entidades de Castilla-La Mancha, recientemente se ha sumado el de la Generalitat de Cataluña y de su President que, a través de su Director General de Coordinación Interdepartamental (PSC), ha manifestado de manera oficial y por escrito su postura favorable a incluir el tramo entre Teruel y Alcañiz en la próxima actualización del PEIT, para completar el eje viario de altas prestaciones entre Madrid y Cataluña pasando por Cuenca y Teruel. De llevar a cabo el Ministerio de Fomento esta prolongación, resultaría una medida muy beneficiosa para el conjunto del Estado en general y para la provincia de Teruel y las comarcas orientales de Aragón en particular, ya que se conseguiría un eje viario de gran capacidad entre el Centro y el Sur de la península y Cataluña y Este de Aragón, alternativo e intermedio frente a los muy  saturados radiales de Madrid (A-2) y de la costa mediterránea.

A pesar del acuerdo unánime de las Cortes de Aragópn, dicha propuesta no fue incorporada, en ese momento, en el PEIT referido. No obstante, su inclusión pudiera conseguirse precisamente ahora, un momento oportuno para lograrlo, habida cuenta esa coyuntura favorable que he expuesto. Por todo ello desde el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista (CHA),hemos presentado la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY

Las Cortes de Aragón, considerando la oportunidad que supone la próxima revisión quinquenal del Plan Estratégico de Infraestructuras del Transporte (PEIT) 2005-2020 así como sus acuerdos unánimes al respecto, instan al Gobierno de Aragón a solicitar del Ministerio de Fomento, la inclusión en el referido Plan de la prolongación de la proyectada Autovía A-40 Madrid-Cuenca-Teruel  hasta Alcañiz, Caspe y Fraga (A-2).

Ayer por la tarde, el Pleno de las Cortes de Aragón aprobaba por unanimidad (Es decir: con el voto favorable de PSOE, PP, PAR, CHA e IU) la Proposición no de Ley que defendí en nombre de Chunta Aragonesista (CHA) en relación con la investigación y posible explotación de yacimientos de uranio en la comarca del Señorío de Molina de Aragón (en la provincia de Guadalajara) pero con graves afecciones a las cuencas de los ríos Mesa y Piedra, afluentes del Jalón. El importante acuerdo, se suma a los ya conseguidos, también a instancias de CHA, en el Ayuntamiento de Calatayud, Comarca de la Comunidad de Calatayud y Diputación Provincial de Zaragoza. El texto mejoró con unas enmiendas y una transacción unánime, que permitió actualizarlo con las últimas novedades. La parte dispositiva del acuerdo dice:Las Cortes de Aragón, instan al Gobierno de Aragón a:

1.-Seguir adoptando cuantas medidas administrativas sean necesarias, en colaboración con la Confederación Hidrográfica del Ebro, para evitar que las cuencas de los ríos Mesa y Piedra puedan sufrir alteraciones en la calidad de sus aguas por contaminación de uranio y radón procedentes del posible desarrollo de un proyecto de explotación minera de uranio en las localidades de Selas, Anquela del Ducado, Turmiel y Estables (provincia de Guadalajara) donde nacen o toman sus aguas los referidos ríos.
 
 2.-Plantear, a través  del Departamento de Medio Ambiente, la disconformidad y oposición del Gobierno Aragonés con los proyectos mineros de explotación de uranio “Aragoncilllo I” y “Aragoncillo II”, actualmente en tramitación, y solicitando el pronunciamiento negativo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha  para que, en consonancia con su posición en el cercano yacimiento de Mazarete, en el que acordó la no registrabilidad para la actividad minera, evite la extracción de uranio como medida para preservar la riqueza medioambiental de la zona. Todo ello por sus graves afecciones a los tramos de los ríos Mesa y Piedra, pertenecientes a la subcuenca del Jalón y Cuenca del Ebro atendiendo al principio de unidad de cuenca, al artículo 72.2 del Estatuto de Autonomía de Aragón, y de acuerdo con el artículo 8.3 de la Ley 7/2006, de 22 de junio, de Protección Ambiental de Aragón.

  En julio de 2008 la empresa Minería Río Alagón, S.L. (filial de la multinacional australiana Berkeley Resources) presentó ante la Junta de Castilla-La Mancha el proyecto “Permiso  de investigación Aragoncillo 1” para la localización y evaluación de áreas de interés para la posible explotación de minerales de uranio, en esa comarca de Guadalajara cuya cabeza de partido es Molina de Aragón.
 En esa Sierra de Aragoncillo y concretamente en las localidades de Selas, Anquela del Ducado, Turmiel y Estables (provincia de Guadalajara) donde nace y toma sus aguas el río Mesa, cuyo curso bajo discurre por las localidades de Calmarza, Jaraba, Ibdes, Carenas, Castejón de las Armas  hasta desembocar en el Jalón, cerca de Ateca. El río Mesa transcurre en su mayor parte por la comarca de la Comunidad de Calatayud y abastece al embalse de la Tranquera y por lo tanto a la ciudad de Calatayud. Igualmente, aunque en menor medida, afecta también al río Piedra en origen, en torno a Tortuera, cerca de Molina.
Las concentraciones de uranio y radón en dosis superiores a las normales son tóxicas para la salud y en este caso producirían afecciones a espacios naturales protegidos en la zona de origen. Tanto el período de investigación como el susceptible de explotación provocarían, entre otros efectos, emisiones de gases y polvo, contaminación y eliminación de suelos, y sobre todo cambios físico-químicos en la calidad de las aguas por filtración de las tierras porosas del entorno de su nacimiento. A través de esas aguas contaminadas las afecciones llegarían a la zona de balnearios o plantas embotelladoras de agua de Jaraba, al Embalse de La Tranquera al que aportan sus aguas y al propio abastecimiento de Calatayud. El río Mesa en la actualidad es un río limpio con gran interés medio ambiental y este nuevo proyecto minero puede causar graves afecciones a los acuíferos de comarca de la Comunidad de Calatayud. En menor medida, las afecciones lo serían también al Río Piedra, cuyas aguas también confluyen en la Tranquera tras pasar por el célebre Monasterio de su nombre, y Nuévalos.
El pasado mes de febrero el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto (publicado en el BOE del 17 de marzo de 2009) por el que se dispone el levantamiento de la reserva definitiva del Estado para la explotación de minerales radioactivos en el área denominada “Mazarete. Guadalajara”, situada al norte de la provincia de Guadalajara, y cuyo derecho de explotación recaía en la Empresa Nacional Uranio SA (ENUSA). Posteriormente el 24 de marzo de 2009, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha acordó la no registrabilidad para los permisos del área de Mazarete-Guadalajara. Eso mismo es lo que se pide ahora para las otras dos cuadrículas de Aragoncillo I y II, que en estos momentos, según la Delegación de Medio Ambiente en Guadalajara se encuentran en fase de “revisando proyecto de impacto medio ambiental”.
 Esperemos que este acuerdo del Parlamento Aragonés suponga el detonante definitivo para que Castilla-La Mancha, resuelva de acuerdo con los intereses de la zona afectada (11 de los 13 municipios ya se han pronunciado en contra, al igual que la Diputación Provincial de Guadalajara). Si estáis más interesados os remito a la web de la plataforma creda al efecto:  www.noaluranio.es

En el Congreso, con los otros dos ponentes, Eloy Suárez (izq.) y Adolfo Barrena (dcha.)

 El pasado martes 9 de junio, a las 4 de la tarde, tuve el honor de participar, en representación del Parlamento aragonés, en un debate en el Congreso de los Diputados. Se trataba de defender en el Plenario una Proposición de Ley de las Cortes de Aragón de Modificación de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del PHN, modificada a su vez por la Ley 11/2005, de 22 de junio (la que derogó el trasvase del Ebro).

La propuesta obtuvo la unanimidad de las Cortes de Aragón en diciembre del 2006, y se acordó que la delegación estuviera integrada por los portavoces de PP, CHA e IU (en este caso Eloy Suarez, Bizén Fuster y Adolfo Barrena). Le correspondía al PSOE un puesto entre los tres, como grupo mayoritario, pero cedió su lugar a IU, que junto al PP había propuesto la iniciativa.

En mi caso, fue la segunda intervención en el Congreso de los Diputados presidido por D. José Bono: la anterior fue el 18 de noviembre de 2008. En aquel caso la iniciativa era sobre la participación de Aragón en las juntas de explotación y Comisiones de Desembalse de la Confederación Hidrográfica del Ebro. El éxito tampoco acompañó.

En esta ocasión, la propuesta era para que Aragón y todas las Comunidades Autónomas de la Cuenca del Ebro (nueve) participáramos en la fijación de los caudales ecológicos del Ebro, en su tramo bajo; es decir en el Delta. Algo que lógicamente nos afecta a todos los territorios de la Cuenca del Ebro, y especialmente a los que casi suponemos el 50 % de la misma y de sus caudales, como es el caso de Aragón, con independencia de coincidir en la necesidad de preservar el Delta y aprobar un Plan Integral del mismo.

Sorprendentemente, la iniciativa pese a ser unánime y del máximo sentido común, contó con el apoyo del PP, IU, Grupo Mixto… la abstención poco justificada del PNV  y el voto en contra del PSOE, CIU y ERC-ICV con argumentos bastante peregrinos. Especialmente el PSOE, al que no le importó dejar en rídiculo -o, directamente, con el culo al aire- a sus compañeros del PSOE aragonés que sí la apoyan. Iglesias y sus diputados aragoneses escenificaron un patético papel, tragándose la posición del Gobierno Zapatero, que no quiere incomodar lo más mínimo a CiU ni a su propio PSC, y menos, por estos “chicos provincianos del PSOE de Aragón, pobrecicos”.

Así, una vez más (y van, ¡ni se sabe!), los diputados aragoneses del PSOE en el Congreso votaron contra Aragón y la voluntad de su pueblo, unánimemente expresada por las Cortes de Aragón. Así nos va a los aragoneses. Y es que nos merecemos lo que nos pasa. ¿Para que cambiar de forma de proceder -deben pensar- si traicionando los intereses de Aragón, les siguen votando mayoritariamente los aragoneses?.

Han pasado casi cuatro meses desde que el Gobierno de Aragón viene financiando la ida de  trayectos de  las autopistas AP-68 y AP-2 para evitar la siniestralidad en las N-232 (Mallén-Figueruelas) y N-II (Fraga-Alfajarín), pero  el Ministerio de Fomento mira hacia otro lado y no cumple con su compromiso (financiar complementariamente la vuelta, vehículos pesados, etc.). Gracias a que el Sr. Morlán está más ocupado en otros menesteres, sólo 800 usuarios al mes en vez   de los 2.500 estimados si Fomento estuviera haciendo ni más ni menos que lo mismo que hace en esa misma A-68 en la Rioja, sin ir más lejos.

¿A qué esperan para hacerlo y el Gobierno de Aragón para exigirlo? Por esa razón presenté en nombre del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista (CHA) una moción dimanante de la Interpelación núm. 55/08, en relación a la Seguridad Vial y la prevención de accidentes de tráfico en Aragón. Precisamente el punto tercero exige todo lo anterior.

Debatí  la interpelación en el pleno del día 8 de mayo con el Consejero de Obras Públicas,  Alfonso Vicente, y ayer con todos los grupos la moción dimanante. Se ha producido avances en Aragon en la Seguridad Vial, pero por debajo de la media española: hemos reducido  en 2008 un 16 % las víctimas frente a una bajada del 20,4 % en España. Incluso en la pasada Semana Santa, Aragón fué una de las únicas cuatro comunidades autónomas que no mejoró, sino que empeoró sus cifras respecto al año anterior.

 Tras la incorporación de unas enmiendas formales del grupo socialista, que fueron transadas, se aprobó por unanimidad en la sesión plenaria de ayer,  21 de mayo de 2009,  la moción que abajo reproduzco. Se mantuvo el consenso y parece que todos los grupos están por la labor. Sólo hace falta que se cumplan los importantes acuerdos que alcanzamos. Este es el texto aprobado:

MOCIÓN

Las Cortes de Aragón, conscientes del carácter de objetivo prioritario que la seguridad vial y la prevención de accidentes deben tener para todas las administraciones públicas, y considerando los reiterados acuerdos unánimes de la Cámara en esta materia, y valorando los avances producidos en Aragón, instan al Gobierno de Aragón a:

1.- Una vez redactada la Estrategia Aragonesa de Seguridad Vial, constituir una comisión Interdepartamental, mesa y de los grupos de trabajo pertinentes, con el objetivo de concluir el Plan Integral de Seguridad Vial en un plazo no superior a un año.

2.-Impulsar en Aragón la elaboración y aprobación de Planes Municipales de Seguridad Vial, atendiendo a las recomendaciones de los programas de acción tanto europeo como español; así como apoyar las iniciativas que adopten ayuntamientos y comarcas en ese campo, en el ámbito de sus competencias.

3.-Reiterar al Ministerio de Fomento la urgente necesidad de cumplir sus anunciadas actuaciones en relación con la liberación parcial de peajes de la AP-68 y AP-2, complementando las medidas ya adoptadas por el Gobierno de Aragón y en vigor desde el 1 de febrero, para reducir la siniestralidad en la N-232 (Mallén-Figueruelas) y N-II (Fraga-Aljafarín).